En estos campos se han denunciado duras y extenuantes condiciones de trabajo, incumplimientos del convenio por parte de los empleadores, abusos laborales y sexuales, pésimas condiciones de los alojamientos e, incluso, falta de asistencia sanitaria. Así consta en el informe presentado ante Díaz, en numerosos artículos y reportajes periodísticos realizados a lo largo de los últimos años y en las conclusiones de la visita que realizó hace dos años el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston.

Tras una constante campaña de denuncia, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, en el que participan trabajadoras españolas y extranjeras, algunas llegadas a través de las miles de contrataciones en origen que se realizan en Marruecos, el trabajo ha dado sus frutos y el tema aparece cada año en la agenda mediática y, ahora, también en la política.

El Ministerio de Trabajo ya multiplicó por cinco las inspecciones en el sector agrario español el año pasado y multiplicó por dos el número de sanciones y multas, aunque según reconoce a Público Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, «la verdad es que aquí en Huelva lo hemos notado poco». No obstante, agradece el apoyo y el recibimiento de Díaz y, sobre todo, «el compromiso» para intensificar las inspecciones en la provincia una manera más específica.