La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por incumplir la Directiva que obliga el pago por las dos últimas semanas del permiso parental. Los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales esta medida el pasado mes de agosto como fecha límite.
La norma entró en vigor en julio de 2019, pero el Ejecutivo comunitario dio más tiempo para aplicarla. El plazo para transponer la mayor parte de las disposiciones quedó aplazado a agosto de 2022, y para agosto de 2024 la medida que se refiere al pago de las dos últimas semanas.
Este toque de atención con una carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador. Ahora, ha dado un plazo de dos meses al Gobierno para que tome medidas que corrijan esta irregularidad. En caso de incumplimiento, el tema puede llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el competente para dictar las sanciones.
Al menos siete millones de euros de sanción
El pasado mes de agosto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social señaló que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir esta disposición, y que la cifra aumentaría si el incumplimiento persistía.
La Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, fija en el artículo 8 la remuneración de este permiso: “El Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha remuneración o prestación económica y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental”.
«Desde CSIF celebramos este varapalo de Bruselas, ya que nos da la razón sobre la denuncia que interpusimos en septiembre de 2023 ante la Comisión Europea de la tardía e inadecuada transposición de la citada Directiva y la falta de voluntad del Gobierno para adoptar medidas de conciliación efectivas conforme a la Directiva europea», declara a Economist & Jurist Eva Fernández Urbón, secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF.
Ahora, el sindicato exige al Gobierno que desarrolle esta prestación de manera inmediata.
«La falta de conciliación en nuestro país es uno de los grandes problemas para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Debemos seguir avanzando, y para ello necesitamos contar con permisos de conciliación retribuidos; actualmente los datos nos demuestran que, de forma mayoritaria, es la mujer la que asume la pérdida retributiva que conllevan los cuidados», subraya.
Además, señala que «debemos tener en cuenta que la brecha salarial actual en España –situada en un 19,89%, según el informe anual de CSIF de 2024– «es debida, entre otras cuestiones, a la falta de conciliación y corresponsabilidad».
Instrucciones claras que no den lugar a dobles interpretaciones
En su día, CSIF ya reclamó a Función Pública «instrucciones claras» para promover que la conciliación se retribuya a los trabajadores que lo soliciten conforme establece la Directiva europea en la que se inspira esta medida, dado que si no las da, «las organizaciones las interpretan en su beneficio, perjudicando así a los empleados».
CSIF entiende que esta retribución debe ser «inmediata» en el caso de los empleados públicos, «puesto que dicho permiso se engloba en el apartado de permisos con carácter retribuido conforme al Estatuto Básico del Empleado Público», mientras que en el caso de los trabajadores de la empresa privada, insta a «adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisen para cumplir esta Directiva».
Eva Fernández denuncia que el Real Decreto-ley 5/2023, publicado en el BOE del 29 de junio de ese año, «evitó de manera expresa el desarrollo de esta prestación, y las comunidades autónomas rechazan aplicarla hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario». «Es un despropósito por ambas partes: El Gobierno dijo que había que pagarlo, pero luego no modificó la ley para que así fuera, mientras que las comunidades autónomas se agarran a ese vacío legal para no retribuirlo», critica.
Respecto a la conciliación, esta portavoz de CSIF recuerda la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar como mejor le convenga de los cinco días retribuidos para cuidar a familiares enfermos.
«Es necesario que el Gobierno impulse normativas claras que no den lugar a dobles interpretaciones, y que se sigan ampliando las medidas de conciliación sin pérdida retributiva», subraya Fernández. En este sentido, valora positivamente que contemos con normativa que obligue a implementar planes de igualdad en administraciones públicas y empresas privadas. Sin embargo, advierte que «no se está cumpliendo con lo marcado».
«Sigue habiendo muchas administraciones públicas y empresas que no cuentan aún con un plan de igualdad, a pesar de la obligación legal regulada por la Ley Orgánica 3/2007«, lamenta.
