La pandemia dispara los contratos temporales en las Administraciones Públicas, que alcanzan un nuevo récord: 1.033.700 personas
- La temporalidad supera ya el 30 por ciento, más de 10 puntos por encima del sector privado: durante la pandemia se han realizado 140.900 contratos temporales
- La tasa de temporalidad en las universidades alcanzó el 47,88% del PDI y el 30,28% del PAS en el pasado curso 2019-2020
- Uno de cada cuatro contratos temporales que se realizan en España son en las administraciones públicas. Reclamamos a Iceta una negociación urgente
CSIF advierte que durante 2020 se ha disparado la contratación temporal en las administraciones públicas, alcanzando la mayor cifra de la serie histórica, como consecuencia de los refuerzos para afrontar la epidemia del Covid-19, fundamentalmente en la Sanidad y la Educación.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre del año se registraron 1.033.700 personas asalariadas con contrato temporal en las administraciones públicas, 140.900 más respecto al mismo período año pasado. Así, la tasa de temporalidad se sitúa en el 30,4 por ciento, frente al 19,9 por ciento general (10,5 puntos más).
Además, se da la circunstancia de que el 68 por ciento de estos contratos temporales corresponden a mujeres, frente al 32 por ciento de los varones, lo que pone también en evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas en puestos muy feminizados, situados en primera línea frente al Covid-19.
CSIF se ha dirigido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, reclamándole el inicio urgente de una negociación que permita afrontar de una vez por todas el grave problema de la contratación temporal en nuestras administraciones públicas, en muchas ocasiones en fraude de ley, lo que está provocando situaciones personales muy difíciles.
No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica. Para ello, CSIF reclama al Gobierno una propuesta legislativa que aporte seguridad jurídica y sancione la contratación fraudulenta; eliminar la tasa de reposición y un incremento urgente de las plantillas con empleo estable.
