Unidades específicas

Todas las universidades deberán crear, si no las tienen ya, unidades de igualdad de género. Estas “serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”, indica el texto. Los campus deberán tener un plan de igualdad de género de política universitaria, otro de igualdad de género de recursos humanos, un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, así como un registro retributivo del conjunto del personal contratado y funcionario para reducir la brecha salarial.

Órganos de poder

El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Universidades, dirigido por Manuel Castells, afirma en su exposición de motivos que “en ciertas áreas” de la Universidad persiste “un evidente sesgo de género, sobre todo en los escalones superiores”. La ley subraya que todos los órganos colegiados de las universidades, así como las comisiones de adjudicación de plazas y de evaluación y selección de proyectos de investigación deberán tener una “composición equilibrada”.

Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I de Castellón y delegada de la Presidencia de la Conferencia de Rectoras y Rectores (CRUE) para Políticas de Igualdad, evita pronunciarse sobre el texto, que el órgano donde se reúnen los máximos responsables académicos todavía está estudiando. Pero añade: “Las universidades no son ajenas a la sociedad, y a esta todavía le queda camino por recorrer para ser una sociedad mucho más igualitaria. Todo lo que sea avanzar en materia de igualdad es bienvenido por parte de las universidades y de la sociedad”.

Acción positiva en la adjudicación de plazas

Con el fin de promocionar la equidad entre el profesorado, la norma permite “establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres”. “A tal efecto”, prosigue el artículo 52, “se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

Carmen Fenoll, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) tampoco ha podido estudiar todavía el anteproyecto, pero destaca que tanto en la investigación como en la universidad “hay una infrarrepresentación clarísima, particularmente en las ciencias duras y las ingenierías, pero también sorprendentemente en muchos campos de la medicina”. Y en paralelo, prosigue la catedrática de Fisiología Vegetal, “hay una infrarrepresentación vertical bestial, ya que las mujeres apenas alcanzan a ser el 25% de los catedráticos. Hace 30 años ese porcentaje rondaba el 10%, así que está claro que hay que hacer algo más para que las cosas avancen”.

Fomento de las investigadoras principales

En las universidades, recoge la ley, “se incentivará la promoción de proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad de género en los equipos de investigación, y los mecanismos que faciliten la promoción de un mayor número de mujeres investigadoras principales”. La presidenta de AMIT considera que, en un contexto de infrarrepresentación como el que afecta a las mujeres en el ámbito científico y académico, el término paridad no es adecuado: “Nosotras pedimos que haya al menos un 40% de mujeres, porque está empezando a haber equipos constituidos fundamentalmente por mujeres que se ven penalizados por el hecho de no tener hombres”.

Impactos presupuestarios

La elaboración de los presupuestos incluirá “informes de impacto por razón de género” (además de un análisis sobre el impacto medioambiental). Y entre los parámetros que formarán parte de la financiación por objetivos (aquella parte de los fondos públicos que reciben las universidades en función del cumplimiento de determinados hitos considerados estratégicos por las Administraciones) figurará “la equidad de género” junto a otros como la mejora de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.

Conciliación familiar

Las universidades, señala el anteproyecto, “analizarán los usos del tiempo académico para detectar y corregir las posibles desigualdades por razón de género” y “deberán favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar de su personal”. Además, “deberán aplicar criterios que aseguren la igualdad efectiva de todas las personas en la aplicación del régimen de dedicación y el acceso a los programas de movilidad”.

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