Una carrera femenina bajo una cúpula masculina: el techo de cristal sigue sin romperse en la judicatura

Ellas son, desde hace una década, mayoría en la carrera. Pero rara vez consiguen llegar hasta lo más alto de la cúpula. A pesar de los avances en un sector cada vez más feminizado, el techo de cristal sigue sin derrumbarse en una judicatura donde ellos son quienes integran, fundamentalmente, los puestos de más responsabilidad. No importa si se centra el foco en el Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. En la inmensa mayoría de los casos, son magistrados quienes están al frente del órgano o sus diferentes salas, frente a unas compañeras cuyo ascenso se ve frenado por el tiempo dedicado a los cuidados familiares. «Es un problema que se está tardando en resolver más tiempo de lo razonable», señalan las expertas.

La última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue presentada a comienzos de septiembre, da buena cuenta de esta realidad en los diferentes órganos judiciales colegiados. El más importante de ellos, el Tribunal Supremo, arrancó 2023 con 65 miembros, después de meses de jubilaciones que no han podido ser cubiertas por la interinidad del órgano de gobierno de los jueces. Medio centenar eran hombres. Y solo quince, el 23,08%, mujeres. Sus cinco salas, además, se encuentran presididas en estos momentos por magistrados. De hecho, hasta ahora solo una mujer ha llegado hasta lo más alto: María Luisa Segoviano, quien fuera elegida en 2020 presidenta de la Sala de lo Social –ahora ejerce como magistrada del Constitucional–.

Algo más elevada es la proporción femenina en la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia, aunque en ninguno de ellos llega a alcanzar el 40% –se queda en el 39% en ambos–. Una cifra que, de nuevo, disminuye a medida que se mira hacia la cúpula. En el primer órgano, presidido por José Ramón Navarro, tanto la Sala Contencioso-Administrativo como la de lo Social están lideradas por magistrados –la presidencia de la Sala de lo Penal aún está vacante–. Mientras tanto, de los diecisiete tribunales superiores, una quincena están presididos por hombres y solo dos, el 11,76%, por mujeres. Es el caso del de Extremadura y Comunitat Valenciana, que dirigen María Félix Tena y Pilar de la Oliva, respectivamente.

Un problema de paridad que también se da, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en las Salas de estos últimos órganos. Sólo un 20% de presidencias de lo Civil y lo Penal de estos tribunales superiores de justicia están en manos de magistradas, mientras que en las de lo Contencioso-Administrativo esa cifra se sitúa en el 33,33%. Algo más equilibrado, sin embargo, está el asunto en la sección de lo Social. En ese caso, de las 19 contabilizadas por el órgano de gobierno de los jueces, 10 se encuentran dirigidas por hombres y 9 por mujeres, lo que equivale al 47,3%.

Los cuidados, asumidos por ellas

Nada tiene que ver en esta realidad la estructura demográfica de la carrera. Más que nada porque la judicatura es, desde hace años, un sector feminizado. Si hace tres lustros ellas representaban un 46,77% de la profesión en activo, en estos momentos son el 56,2%. Una tendencia que, además, continuará de cara al futuro. Solo hay que echar un vistazo a las tres últimas promociones, en las que alrededor de siete de cada diez jueces en prácticas eran mujeres. Del mismo modo, las expertas tampoco sitúan la raíz de este problema en la antigüedad, cuya diferencia no es demasiado grande –23,2 años ellos y 19,5 ellas–. De hecho, en el Supremo las magistradas tienen de media más experiencia que sus compañeros: 36,3 años, frente a los 30,3 de los magistrados.

Glòria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pone el foco, más bien, en la carga de los cuidados, que siguen asumiendo mayoritariamente ellas. Los datos están ahí. A comienzo de este año, según las cifras recogidas en la memoria del Consejo General del Poder Judicial, había 18 miembros de la judicatura en excedencia voluntaria por cuidado de hijo. Diecisiete, el 94,4%, eran mujeres. «Y mientras cuidan, no pueden hacer méritos para ascender», señala. Coincide, también en conversación con infoLibre, la magistrada Carla Vallejo: «No es sencillo hacer currículum cuando la responsabilidad de los cuidados recae sobre nosotras».

Unos cuidados que, opinan las dos juristas, deberían tenerse en cuenta y ser valorados a nivel curricular. «Aumentan la inteligencia emocional y permiten desarrollar habilidades como la paciencia o la empatía, que son imprescindibles a la hora de impartir justicia», sostiene Poyatos al otro lado del hilo telefónico. E insiste: «Hay que trasladar la ética del cuidado a la ética de la justicia para que ésta sea realmente justicia». En la misma línea se pronuncia Vallejo: «En el tiempo que yo estuve al cuidado de mi hijo lo que aprendí fue más completo y útil que lo que aprendo en el trabajo».

En el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, que vio la luz a comienzos de 2020, el Consejo General del Poder Judicial ya se comprometía a «considerar el valor curricular de las labores de cuidado y atención a la familia y personas dependientes» en el «establecimiento de los méritos para el acceso a cargos de nombramiento discrecional».

«Se les suele primar a ellos»

A este problema se suma, además, el hecho de que los nombramientos para ocupar estos puestos de la cúpula judicial sean discrecionales. «Por lo general, se les suele primar a ellos», explica Vallejo. Eso se debe, en parte, a los estereotipos sexistas que tanto tiempo han pervivido sobre la falsa inferioridad intelectual de las mujeres o su debilidad, un compendio de ideas machistas que muchas veces acaban instaladas en el subconsciente y afloran a la hora de tomar determinadas decisiones. «Con dos currículos parecidos, muchas veces se tiende a dar el puesto al hombre», trata de resumir Poyatos.

Algo que ocurre, también en algunos casos, con currículos menos brillantes. En 2018, por ejemplo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió como magistrado del Supremo a Fernando Román, ex secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, frente a María Asunción Salvo, que entonces ocupaba el segundo puesto en el escalafón de la especialidad de Contencioso-Administrativo. Y un año después, se decantó también para la Sala de lo Social del Alto Tribunal por otro magistrado frente a una candidata que se encontraba algunas posiciones por delante en el escalafón.

«Estamos tardando en resolver este problema más tiempo de lo razonable», asevera Vallejo. Un techo de cristal grueso que Poyatos plantea ir resquebrajando adoptando una serie de medidas. Primero, impulsando acciones positivas de carácter temporal para ir equilibrando la proporción de mujeres y hombres en los puestos más destacados de la judicatura. Segundo, teniendo en cuenta los cuidados a nivel curricular. Tercero, abandonando la «discrecionalidad» y apostando decididamente por una «baremación objetiva de los méritos». Y, por último, dando cumplimiento efectivo a todos los compromisos adoptados en los planes de igualdad del CGPJ.