La Ley de IA busca garantizar que los sistemas de IA que se comercializan y se utilizan en el mercado europeo sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la UE. La base de la normativa establece regular esta tecnología en función de su capacidad para causar daños a la sociedad, siguiendo un planteamiento “basado en el riesgo”: a mayor riesgo, más estrictas las normas.
Así, el documento divide los sistemas de IA en varios niveles: riesgo inaceptable, que incluye usos de la IA que están prohibidos; alto riesgo, que necesitan ser evaluados antes de su puesta en el mercado y a lo largo de su ciclo de vida, y que incluye infraestructuras críticas y electorales; riesgo limitado; y riesgo mínimo.
