La noche es el peor momento. Se dispara la sensación de alerta. El ritual comienza siempre de la misma manera: para contener la entrada de aire frío, colocan maletas, mochilas, cualquier bulto que tengan a mano, delante del plástico con el que han forrado las rejas que unen los arcos, del que cuelgan carteles con sus peticiones. Extienden esterillas y ponen encima las colchonetas que las separarán, apenas unos centímetros, del suelo. Cogen mantas y se acuestan vestidas, con el bolso dentro de los sacos de dormir y un silbato a mano, por si tuvieran que pedir ayuda. Montaron la protesta en noviembre, pese al clima, porque Teresa Villar, de 66 años, se jubiló en octubre. “Así nos asegurábamos de que alguien siempre estuviera disponible, para no depender solo de las vacaciones que puedan cogerse las compañeras”, explica esta mujer que pasó 12 años como trabajadora del servicio de ayuda a domicilio en Cáceres. “Yo en enero vuelvo a tener vacaciones”, advierte Eva Miguel, de 61. Ella viene de Gijón, junto a Carmen Diego, de la misma edad.

Carmen Diego tiene tendinitis crónica en el hombro y en 2019 se le rompió una vértebra en el trabajo. “La L3 [tercera lumbar]. En la mutua me mandaron antiinflamatorios. Después de ocho días en que no podía aguantar el dolor me hicieron un escáner y ya ahí se vio”. Eva Miguel tiene “dos hernias discales, cervicalgia [dolor cervical] crónica, la espalda es una contractura entera, lumbalgia, ciáticas a causa de las hernias discales”. “Es sangrante”, resume. Ingresa “862 euros por una jornada completa”, lleva 32 años en la ayuda a domicilio. Dicen que muchas compañeras tienen problemas de ansiedad y depresión.

Se desconoce el número exacto de auxiliares de ayuda a domicilio en España. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estima que son unas 100.000 en el sistema de atención a la dependencia. “La ayuda a domicilio no es un nicho de empleo, es un nicho de vulnerabilidad y pobreza”, se queja Villar. “No puedes estar manejando cargas de cientos de kilos hasta los 67 años”, continúa. Ella tiene hernias discales. Cuenta que ha notado algo de mejoría a raíz de dejar el trabajo, ya no anda “a pasito de geisha”.

“La ley de prevención de riesgos laborales exige que haya una evaluación del lugar de trabajo, en nuestro caso, los domicilios”, prosigue Villar. Asegura que la mayoría no están adaptados, que las sillas a veces no entran por las puertas, que prácticamente no hay grúas. “No se hacen evaluaciones porque empresas y administraciones aducen que se trata de domicilios particulares. En el Ministerio de Trabajo nos dicen que la ley nos ampara, pero que entran en colisión el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad con el derecho a la vida y a la integridad física”, continúa. “Alegan que hay complicaciones técnicas, pero no explican cuáles son esas complicaciones. Yo sospecho que se debe a que a las empresas, a las mutuas y a la propia Administración les supondría más gastos”. Villar argumenta que los usuarios ya ceden parte de su intimidad cuando solicitan una prestación a través de la ley de dependencia. “Permiten acceso a sus datos de salud, a su situación económica, dejan que un trabajador social entre en su domicilio y realice una evaluación. ¿Por qué no puede entrar un técnico también?”.

Las tres coinciden en que, si hay una fractura durante las horas de trabajo, se cubre como accidente laboral, pero aseguran que muchos problemas físicos no se relacionan con su empleo, sino que pasan por enfermedades comunes, como los problemas con el túnel carpiano o las hernias. “Por eso necesitamos que se nos reconozcan enfermedades profesionales específicas; no tendríamos periodos de carencia en el caso de las bajas, por ejemplo, y tendríamos una indemnización por los daños causados si quedas incapacitada”, sigue Villar.

Su sensación de abandono aumentó durante la pandemia. Fueron el segundo sector más contagiado, según los estudios de seroprevalencia realizados durante las primeras oleadas. Pero en febrero, cuando el Gobierno reconoció a trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios la covid-19 como enfermedad profesional, a ellas se las dejó fuera. Por ello no se benefician de la ampliación indefinida del periodo en el que quedarían cubiertos ante la Seguridad Social si padecieran en el futuro alguna enfermedad derivada del coronavirus (con un accidente de trabajo, el periodo es de cinco años). No fueron consideradas de primera línea.

Una portavoz del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, explica que en el departamento se han reunido “en cuatro ocasiones con diferentes representantes del colectivo de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y de empleadas domésticas” y que son “sensibles a las demandas que plantean sobre cuestiones que llevan décadas sin resolverse”. Han creado un grupo de trabajo y están estudiando la situación. Fuentes del Ministerio de Inclusión señalan que en la mesa de diálogo social se están analizando “con criterios objetivos” qué colectivos deben ser considerados como profesiones con penosidad, algo que permitiría que se jubilen antes sin que su pensión se vea resentida. Y las de Derechos Sociales remiten al plan de choque en dependencia, que contempla la necesidad de una mejora en las condiciones laborales.

Pero ellas están cansadas de “titulares vacíos”, de no sentirse “defendidas por los agentes sociales”. Seguirán acampadas hasta que firmen con Trabajo un calendario de reuniones. Dos de ellas están en periodo de vacaciones y lo disfrutan en el campamento. No hay vuelta atrás. Exigen una respuesta.

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